1. Introducción

En las primeras décadas del siglo xx se proyecta sobre la antigua Guinea continental española un discurso que ensalza las posibilidades forestales de la colonia como socorro y complemento de la economía forestal metropolitana (Arija, 1930; Armenteras, 1901; Bravo, 1925; Nájera, 1930; «La riqueza forestal…», 1913; «El Banco Colonial…», 1917). No obstante, la realidad de este enunciado está condicionada en la práctica por el conocimiento de las propiedades técnicas de las maderas tropicales; por la determinación de las aplicaciones para las que pueden ser útiles; por la difusión de su valor; y por la predisposición y capacidad de la industria transformadora para incorporar en sus procesos productivos las maderas que llegan desde la colonia.

En la década de 1930, el conocimiento de las maderas de la Guinea continental es reducido; incluso se puede afirmar que la práctica mercantil e industrial lo convierte en innecesario. Hasta la Guerra Civil, una sola especie, el ocume (Aucoumea klaineana Pierre), mantiene la economía forestal de la colonia y alimenta las cuentas de resultados de las empresas madereras que trabajan en ella. Sin embargo, la mayoría del ocume guineano no se envía a la metrópoli. Por el contrario, junto con el gabonés, cubre las necesidades de la industria europea del tablero contrachapado, adonde llega a través de su inserción en los mercados internacionales de maderas tropicales, especialmente el alemán, con centro en el puerto fluvial de Hamburgo. Este hecho deriva con el tiempo en un fuerte desencuentro entre los concesionarios forestales y la industria nacional del tablero o, mejor dicho, con aquella en la que, por sus características estructurales, sobrevuela la posibilidad del desabastecimiento de ocume al no tener capacidad para suscribir acuerdos con los concesionarios forestales o para acceder con solvencia al mercado alemán¹.

Este conflicto posee una doble lectura, participa de dos contextos diferentes. Por un lado, se puede entender como una expresión más de las convulsiones que desde finales de la década de 1920 afectan al sector de la madera en España, con constantes debates entre productores, industriales e importadores que dan lugar a una también constante búsqueda de soluciones a través de la puesta en marcha de organismos asesores y arbitrales: Comisión Mixta Asesora e Informadora de la Madera (1928), Junta de Racionalización de la Producción Maderera y de sus Industrias (1929), Junta Inspectora de la Economía Maderera Nacional (1930) y Comisión Mixta de la Madera (1932) (Arbós, 1935). Y, por otro, como una nueva manifestación de los problemas de la economía colonial, los cuales gravitan hasta ese momento en torno a las complicadas relaciones entre los productores de cacao de la isla de Fernando Poo (actual Bioko) y los industriales chocolateros de la metrópoli (Sant, 2017)².

Las recopilaciones más recientes sobre la presencia colonial española en Guinea Ecuatorial no incluyen referencias a las actividades forestales en ninguna de sus perspectivas (Álvarez Chillida & Nerín, 2018; Aranzadi & Álvarez Chillida, 2020). A pesar del papel capital que desarrollan en la conformación del espacio colonial y en la consolidación de su personalidad exportadora y del complejo sistema de relaciones que construye entre actores coloniales y metropolitanos, el aprovechamiento de la selva y la antigua Guinea continental quedan desdibujados por la centralidad política y administrativa de Fernando Poo y por las construcciones espaciales, sociales y económicas que aquí levanta la producción de cacao.

Este trabajo pretende contribuir a cubrir este vacío³. De la colonia se extrae el ocume y en los puertos españoles aparece una madera con la que surgen nuevos negocios, el tablero contrachapado, o se redibujan otros antiguos, la elaboración de chapas. Ambos desarrollan una gran dependencia del ocume, lo que provoca tensiones y disfunciones derivadas del distinto significado que industriales y forestales dan a las selvas del Muni⁴. Si bien remiten a partir de mediados de la década de 1950, esas disfunciones son recurrentes a lo largo de gran parte del período colonial (Guerra & Pascual, 2022). De hecho, se manifiestan desde comienzos de la década de 1930; pero es a lo largo de 1934 cuando se transforman por primera vez en un conflicto abierto. La crisis entre extractores de ocume e industriales coincide con la reestructuración de la Administración colonial española en la metrópoli. El gobierno de Ricardo Samper Ibáñez crea la Inspección General de Colonias en julio de 1934 como parte de un proyecto más amplio que denomina Programa Colonial⁵. En este se contempla la rápida puesta en valor de la colonia y el establecimiento de relaciones entre productores y consumidores, previéndose la creación de un consejo colonial metropolitano «integrado por representaciones de todos los intereses coloniales, para que, una vez encauzada la organización colonial, actúe de órgano consultivo del Gobierno»⁶. La Inspección se organiza en torno a una secretaría general, una sección administrativa y colonial y una sección de intervención y contabilidad, a la vez que se la dota de varias asesorías técnicas, entre ellas una forestal. A finales de agosto se nombra a Antonio Nombela Tomasich inspector general de Colonias y a José Antonio de Castro Martín secretario general.⁷

Para este trabajo, se ha utilizado mayoritariamente la documentación depositada en el Archivo General de la Administración (AGA), concretamente la serie Presidencia del Fondo África y, en algunos aspectos relacionados con la dimensión industrial de la Compañía Nacional de Colonización Africana (ALENA), la archivada en el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), tanto en su fondo Ramón Viguri como en otras secciones del fondo Político Social. En la documentación del AGA se encuentran los antecedentes inmediatos que justifican la convocatoria de una Conferencia Arbitral del Ocume en abril de 1935 y la documentación que esta genera⁸. Para la caracterización del negocio forestal en la colonia, se ha recurrido a otras unidades documentales del fondo África y, principalmente, a los análisis y reflexiones realizados en trabajos anteriores (Guerra & Pascual, 2015; Pascual & Guerra, 2017). El retrato de la industria del tablero se ha elaborado acudiendo a la propia documentación de la conferencia con el apoyo de la información contenida en el Anuario General de España, de Bailli-Bailliere y Riera, y, en menor medida, de la Estadística Administrativa de la Contribución Industrial y de Comercio-Estadística Administrativa de la Contribución Industrial, de Comercio y Profesiones.

Por último, el trabajo se estructura en tres grandes bloques que engloban los distintos epígrafes del texto. En el primero (epígrafe 2), se expone cómo se conforma el negocio forestal en la colonia, quiénes son los agentes que intervienen y cuáles son las grandes magnitudes que lo definen; en el segundo (epígrafes 3 y 4) se caracteriza a la industria española que hace uso de la madera de ocume y en el tercero (epígrafes 5 y 6) se muestran los antecedentes de la Conferencia Arbitral, su desarrollo y los principales acuerdos que se adoptan.

2. El negocio de las maderas coloniales y la comercialización del ocume

La dictadura de Primo de Rivera impulsa una nueva orientación en la política colonial que permite el desarrollo de un floreciente negocio de la madera en la región del Muni. Los cambios normativos en el régimen de propiedad territorial que se introducen en 1926 eliminan la presencia de compañías comerciales extranjeras en la explotación de las maderas coloniales, a la vez que propician la transformación capitalista del negocio forestal y estimulan la aparición de importantes capitales financieros españoles que se dirigen a la explotación de la selva (Pascual & Guerra, 2017). Entre 1926 y 1935 se demarcan un total de 110.800 hectáreas en concesiones forestales a lo largo del espacio más cercano al litoral de la Guinea continental y se constituye el entramado societario que las explota. Es el caso de empresas como Izaguirre y Cía., Sociedad Colonial de Guinea (SOCOGUI), Compañía Agrícola e Industrial de la Guinea Española (CAIGE), AGGOR, Productora Hispano Colonial (PROHISCO), Colonizadora de Guinea Continental (COGUISA) y, sobre todo, de la Compañía Nacional de Colonización Africana (ALENA).

El escenario de producción que estas compañías ponen en marcha en la colonia está marcado por el interés inmediato por aprovechar la demanda de ocume en la que se desenvuelve el mercado europeo. Esta madera, propia del occidente del África ecuatorial (sur de Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón y occidente del Congo), se convierte en materia prima esencial para la producción de tablero contrachapado dada su ligereza, resistencia y alto rendimiento para la obtención de chapa⁹. Desde mediados de la década de 1920 y hasta finales de los años treinta, el ocume representa la práctica totalidad de la producción forestal del Muni. Entre 1926 y 1936, se extraen de la colonia unas 530.000 Tm, de las cuales más de dos tercios se incorporan a las grandes corrientes comerciales europeas, organizadas en torno al mercado alemán con centro en Hamburgo (Pascual & Guerra, 2017). Su potente industria del tablero contrachapado sitúa a Alemania en una posición preeminente en el mercado mundial. De hecho, el funcionamiento del mercado europeo en sus aspectos básicos, la organización de los agentes que intervienen en la comercialización del ocume, el trazado de las rutas comerciales y los precios están completamente controlados por el comportamiento de la demanda alemana (Pascual & Guerra, 2017). En este marco, la creciente integración del ocume español en los grandes flujos comerciales es relevante, ya que consigue romper el monopolio de la madera gabonesa y de los exportadores franceses y afianzarse en un mercado complejo y sensible a la inestabilidad de la economía alemana durante esos años (Cuadro 1)¹⁰.

CUADRO 1

Ocume exportado con destino al mercado alemán, 1926-1935

Fuente: elaboración propia a partir de Pascual y Guerra (2017).

La evolución del mercado europeo de ocume entre 1926 y 1935 muestra un proceso expansivo, aunque sometido a bruscas fluctuaciones. Hasta 1930, la firmeza caracteriza el comportamiento de la demanda, lo que permite que progresivamente aumente la presencia de las exportaciones guineanas. Entre 1930 y 1933, los efectos en la economía alemana de la crisis económica de 1929 provocan una gran atonía en el mercado de ocume que, no obstante, es aprovechada por los forestales españoles para consolidar su posición en el mercado alemán una vez que este se recupera a partir de 1934 (Pascual & Guerra, 2017). No obstante, las oscilaciones del mercado alemán estimulan la ampliación de los intereses comerciales de los madereros coloniales. A través de diversas fórmulas, extienden sus operaciones en el mercado metropolitano con destino al abastecimiento de la industria española del tablero y la chapa, si bien esta solo absorbe en el decenio 1926-1936 un tercio de la producción total del ocume que se extrae de la colonia (Cuadro 2).

CUADRO 2

Ocume extraído de la colonia y destinado al mercado nacional (en Tm)

Fuente: Pascual y Guerra (2017) y Gobierno General de los Territorios Españoles en el Golfo de Guinea (1945).

A principios de 1935 se estiman las necesidades de ocume de la industria española en unas 20.000 a 27.000 Tm¹¹. Si se toma como referencia ese intervalo, tan solo en 1934 el ocume guineano compone el grueso del abastecimiento del mercado nacional, mientras que en el resto –asumiendo que el consumo se mantiene relativamente constante desde años anteriores– se sitúa lejos o muy lejos de esas cifras. De utilidad para el objeto de este trabajo es conocer el destino final de la madera que proviene de la colonia; es decir, a qué zonas y a qué industrias llega; quiénes son sus consumidores finales y en qué proporción. La documentación consultada no permite cuantificar y relacionar el ocume extraído de la colonia con las distintas variantes técnicas y espaciales de su aprovechamiento industrial, pero sí caracterizar algunos de los aspectos básicos de la industria de la chapa y el tablero.

3. El aprovechamiento industrial del ocume y la especialización regional en la fabricación de chapas y tableros contrachapados

En el primer tercio del siglo xx, la fabricación de tableros contrachapados se consolida como un nuevo uso industrial de la madera (Zapata, 1998, 2001). En España conviven en ese tiempo distintos usos de la chapa y del tablero que dan lugar a espacios transformadores de entidad, complejidad y significado diferente. La madera chapada se utiliza en ebanistería con fines decorativos (forrado de muebles y conforma respaldos y asientos de sillas y mecedoras) y en carpintería, donde se transforma en tablero, especialmente en tablero estructural. Este aprovecha la resistencia de la madera encolando de forma superpuesta varias chapas con la dirección de sus fibras cruzadas, lo que permite su uso en la construcción, en la industria naval, en la del automóvil y en la aeronáutica, a la que proporciona hélices, alas, fuselajes y timones de dirección de los aviones.

Desde un punto de vista productivo, las instalaciones pueden ser de ciclo completo, si elaboran chapas y después tableros, o de ciclo parcial, si solo producen chapas o si estas la adquieren para la elaboración de tableros (Peraza, 1953). Esta clasificación básica se puede enriquecer incorporando la existencia o no de una relación directa entre la instalación industrial y el concesionario forestal; es decir, si la primera forma parte de un circuito que comienza en la colonia con la extracción del ocume y finaliza en la metrópoli con su transformación en tableros y chapas. Todas estas posibilidades se encuentran en la industria española a mediados de la década de 1930, un momento en el que ya ha adoptado el ocume que proviene del Muni como principal materia prima, dados, en primer lugar, su buena condición para el desenrollo y el elevado rendimiento que proporciona su baja densidad y, en segundo lugar, el gravamen arancelario al que se somete a otras maderas que se utilizan para el mismo fin, como las cubanas («Mercados y maderas», 1932a, 1932b).

Cuantificar el número y las magnitudes básicas de la industria de la chapa y el tablero no es sencillo. Arbós (1935) indica que hacia 1933 hay en España diecisiete fábricas de tablero contrachapado que emplean a unas dos mil personas, mientras que Peraza (1953) reduce esa cifra a cuatro en el mismo año. Por su parte, el Anuario General de España, en su edición de 1935, recoge la existencia de veintiséis fábricas (veintitrés en Valencia, dos en Guipúzcoa y una en Vizcaya) y, bajo la denominación de cuchillas destinadas a chapear, la Estadística Administrativa de la Contribución Industrial, de Comercio y Profesiones (Dirección General de Rentas Públicas, 1935) contabiliza diecinueve instalaciones¹². Quizá el problema estribe en qué es lo que se cuantifica: la industria que elabora tablero –un número reducido– o toda aquella que utiliza la chapa de ocume, un número notablemente mayor. En cualquier caso, lo relevante es comprender el perfil de los distintos agentes que dan cuerpo a la conflictividad en torno al aprovechamiento del ocume. En este sentido, la documentación de la Conferencia Arbitral proporciona un retrato amplio de su uso en la industria española, especialmente en aquellos lugares en los que coinciden más aplicaciones del ocume y tipos empresariales más diversos.

A mediados de los años treinta, se reconocen en España tres zonas productoras de chapa y tablero de ocume: Barcelona, País Vasco y Valencia, todas ellas ligadas a la colonia a través de la conexión que proporcionan los puertos de Valencia, Barcelona, Bilbao y Pasajes¹³.

Apoyada en el notable desarrollo que conoce la industria del mueble en la segunda mitad del siglo xix, en la década de 1860 se inicia en Valencia la elaboración de muebles curvados que rivalizan en poco tiempo en el mercado español con los fabricados por la empresa vienesa Thonet, populares en toda Europa (Nadal, 1990; Sánchez Romero, 2009). En pocos años se extiende por la ciudad de Valencia y su entorno una importante producción de mueble curvado que ocupa un volumen cada vez mayor de personas (Sánchez Romero, 2009). Esta industria experimenta a finales del siglo xix un cambio técnico que la conecta más tarde con el ocume: sustituye el laborioso y costoso uso de rejillas de fibra vegetal en respaldos y asientos por chapas de madera, más económicas y susceptibles de soportar una decoración más variada (Vives, 2022). La elaboración de estos asientos y respaldos de chapa da lugar a la aparición de una nueva actividad que, al igual que la anterior, tiene también como centro Valencia y su entorno. La madera utilizada se importa inicialmente de otros países europeos, de Cuba y de Brasil para, a mediados de la década de 1920, ser progresivamente sustituida por la que llega al puerto de Valencia desde las colonias españolas en el golfo de Guinea. Entre todas, destaca la acogida que recibe el ocume, lo que convierte a la plaza de Valencia y a su puerto en el principal destino hacia el que los concesionarios forestales dirigen el grueso de los fletes metropolitanos.

CUADRO 3

Aproximación a la industria de chapas y tableros consumidora de ocume, 1935

Fuente: elaboración propia a partir de Gaceta de Madrid, n.º 17, 17/01/1936; n.º 73, 13/03/1936; n.º 96, 05/04/1936.

De entre todos los fabricantes valencianos, destaca Francisco Tormo, líder en el sector. El progresivo aumento de la capacidad productiva de su fábrica da lugar a unas instalaciones que se extienden por el barrio del Patraix (López, 2015) y en las que se combinan todas las fases en la elaboración de chapas y tableros destinados a su uso como asientos y respaldos en el mueble curvado. No obstante, este caso no parece que represente la norma. La documentación de la Conferencia Arbitral deja entrever que el tejido industrial valenciano dedicado en 1935 a la elaboración de chapas y tableros era numeroso, pero formado por fábricas, más bien talleres, de reducida capacidad productiva. En ellas solo sobresalen las empresas del mencionado Francisco Tormo y las de Salvador Sancho, José María Barona, Industrias Zacarías, Salvador Villarrasa, Alberto García y José Nácher (Cuadro 3)¹⁴.

En Valencia, este tejido se completa con las instalaciones de ciclo completo de Derivados del Ocume y una de las factorías de la sociedad participada por ALENA Manufacturas Valencianas del Ocume (MAVAO).

En Barcelona, el número de instalaciones es más reducido que en el caso valenciano (Cuadro 3), aunque guarda algunas similitudes con él. En ella hacen uso de las maderas coloniales, tanto destacados empresarios de la carpintería como es el caso de las grandes instalaciones de Magin Vilardel, como pequeñas firmas de carácter familiar. El origen barcelonés de dos significativas empresas coloniales, ALENA y Jover & Graells, se traduce en la localización en esa ciudad de sus centros transformadores: una planta de MAVAO y las distintas sociedades del grupo de Jover & Graells, que se dedican a la primera transformación de la madera o a la comercialización de sus productos.

Si bien en el País Vasco el volumen de empresas es más reducido que en el resto de las zonas transformadoras, su significado trasciende el escaso número. El trabajo con el ocume está organizado en torno a las actividades de la sociedad Izaguirre, a los empresarios de la madera Manuel Acha, Justo Zubizarreta y Ramón Elósegui, y a las relaciones que establecen entre todos ellos. Izaguirre es propietaria de Chapas Finas de Madera, situada en Bilbao, y en esa misma ciudad están los aserraderos de Justo Zubizarreta, mientras que Manuel Acha emplaza los suyos en Lezo y Román Elósegui lo hace en Andoáin con la empresa Olamia (Cuadro 3).

En este contexto, es relevante la entrada en funcionamiento el 1 de agosto de 1928 de La Aeronáutica en el barrio bilbaíno de Zorroza («Inauguración…», 1928). Impulsada por Acha, que ejerce como director de la fábrica, y Zubizarreta, y con la participación inicial como suministradora de ocume de Izaguirre, se convierte en los años treinta en la instalación de referencia en España y en un ejemplo de las posibilidades exportadoras del tablero contrachapado español. Se especializa en la fabricación de dos tipos de tablero (uno para carpintería, construcción naval y ferrocarriles, y otro, después de conseguir la patente de la compañía británica The Aeronautical and Panel Plywood Company Limited of London, para la industria aeronáutica) y mantiene dos almacenes en Zaragoza y Sevilla, posiblemente vinculados con las actividades de los aeródromos militares de ambas ciudades (Anuario General de España, 1935)¹⁵.

CUADRO 4

Distribución del cupo de caseína boricada en la industria de la chapa
y el tablero en 1936 (en kg)

Fuente: elaboración propia a partir de Gaceta de Madrid, n.º 17, 17/01/1936; n.º 73, 13/03/1936; n.º 96, 05/04/1936.

Un proceso fundamental en la fabricación del tablero contrachapado es el encolado de las distintas chapas que lo forman. Hasta mediados de la década de 1930, las colas más frecuentes son las de caseína (Peraza, Peraza & González, 2003). La Gaceta de Madrid publica en los primeros meses de 1936 el reparto del cupo anual para la importación de caseína boricada. Su distribución proporciona una imagen útil de la distinta capacidad productiva de la industria española del tablero contrachapado, tanto a nivel regional como en su dimensión individual (Cuadro 4). El consumo de caseína subraya el papel central que en su conjunto tiene el espacio valenciano y la relevancia particular de alguna de sus empresas. Por el contrario, el peso del núcleo barcelonés es reducido y el del País Vasco está absolutamente condicionado por la capacidad productiva de La Aeronáutica.

No obstante, un elemento común parece que hilvana a la industria española del tablero: su deficiente organización. De hecho, Fernando Nájera, en ese momento asesor forestal de la Inspección General de Colonias, la califica de esa manera: como una industria cuya organización productiva eleva innecesariamente el precio del tablero que produce, lo que limita en general su capacidad para competir en los mercados internacionales¹⁶.

4. Los intereses industriales de los concesionarios forestales

La extensión de la actividad de las empresas concesionarias a la transformación directa del ocume no es generalizada. Solo la emprenden algunas de las sociedades más capitalizadas dentro de una lógica que busca sortear las fluctuaciones del mercado alemán y los desencuentros en la comercialización nacional del ocume. La transformación en la metrópoli se entiende como un seguro, una forma de colocar el ocume en aquellos momentos en los que la depresión del mercado alemán no hace rentable su traslado hasta Hamburgo (ALENA, 1931). A su vez, la transformación directa en una instalación propia permite a los concesionarios aprovechar el valor añadido que incorpora el nuevo producto y salvar las dinámicas perniciosas que, a su juicio, tienen lugar en el puerto de Valencia, pero que hacen extensivas al conjunto de los tableristas (Montes e Industrias, 1931a). A través de las revistas Zurak, promovida por Acha y Zubizarreta, y Montes e Industrias, en la que se expresan los concesionarios forestales, tableristas y coloniales entablan en 1931 un intenso debate sobre la comercialización del ocume en el mercado metropolitano. Los concesionarios dicen sentirse maltratados, obligados a vender a precios bajos trozas de madera de calidad superior con plazos de cobro excesivamente largos, mientras que los transformadores achacan a los primeros su escaso compromiso con la satisfacción de las necesidades de la industria metropolitana. En su enunciado más extremo, los concesionarios forestales exponen la conveniencia de adquirir el grueso de la industria elaboradora de tablero y relocalizar selectivamente su actividad, dejando en la metrópoli aquellas instalaciones que destinen el tablero a la exportación y trasladando a la colonia las que solo vendan sus elaborados en el mercado nacional, persiguiendo en este proceso que cada concesionario tenga su fábrica en Barcelona, Bilbao o Valencia (Montes e Industrias, 1931b).

Al poco tiempo de su constitución en 1929, ALENA desarrolla un extenso programa de inversiones que le permite poner en funcionamiento en 1930 una fábrica de tablero contrachapado en Barcelona e integrar poco después la firma valenciana ya mencionada de MAVAO. No obstante, ALENA se ve obligada a paralizar su producción de tablero poco después, en 1931, como consecuencia del cierre de sus instalaciones industriales en Barcelona durante una parte importante del año debido a la conflictividad social y laboral en la que vive la ciudad. La difícil situación contable en la que este hecho la sitúa hace que en 1932 solicite un crédito para poder completar el utillaje de sus instalaciones al Banco Exterior de España, que realizará un peritaje del funcionamiento de la compañía con el objeto de evaluar el riesgo de la operación¹⁷.

Del informe que realiza se extraen dos ideas principales: en primer lugar, que los intereses de los concesionarios forestales dificultan la transformación nacional del ocume, ya que el negocio de la madera prevalece frente al del tablero, de tal forma que altas y bajas en la cotización en Hamburgo del ocume se traducen en desabastecimiento o saturación de madera de las fábricas de ALENA, y, en segundo lugar, que esto no invalida la búsqueda de alguna integración productiva entre concesión e industria ¹⁸.

Como consecuencia, el Banco Exterior de España subraya la necesidad de independizar ambas orientaciones empresariales, que funcionen como negocios autónomos dentro de la compañía, e incluso la conveniencia de deshacerse de las fábricas con el objeto de que no contaminen el balance de ALENA¹⁹. Desde esta perspectiva, el Banco Exterior de España sugiere la oportunidad de que las fábricas se aporten a una sociedad distinta o que formen parte de un consorcio especializado en la producción de tablero contrachapado de ocume²⁰.

5. El fracaso inicial deTADEMA y la convocatoria de la Conferencia Arbitral del Ocume

A lo largo de 1934, los industriales españoles de la chapa y el tablero más destacados crean una asociación corporativa con el objeto de defender sus intereses comerciales y, bajo el nombre de Tableros y Asientos de Madera (TADEMA), intentan poner en marcha un consorcio que les facilite el suministro de ocume²¹. A finales de ese año remiten un escrito a la Inspección General de Colonias en el que la apremian para que se satisfagan determinadas demandas relativas al abastecimiento de madera. El escrito es contestado por los concesionarios forestales e informado por el asesor de montes de la Inspección, el cual recomienda, entre otros aspectos, reconducir con rapidez la situación con el objeto de «evitar la intromisión del Ministerio de Industria y Comercio con lo cual solo se conseguiría complicar inútilmente dichos problemas y mermar lo que son atribuciones y funciones propias de la Inspección General de Colonias»²².

La situación parece encarrilarse en febrero de 1935 con la elaboración de un borrador de contrato entre TADEMA y los siete principales concesionarios forestales en la colonia²³. El borrador prevé, entre otros aspectos, suministrar durante 1935 un total de 27.000 Tm3 de ocume y limitar a un 10% de esta cantidad el que los industriales pueden adquirir a otros suministradores²⁴. Igualmente, el borrador establece la constitución de TADEMA con un capital social mínimo de 1.788.750 pts., el equivalente al valor de tres meses de operaciones de consumo de madera, como condición previa indispensable para poder garantizar el contrato.

Desavenencias en el interior de TADEMA, donde parece que se contraponen con intensidad los intereses de los tableristas del País Vasco y los del Levante, hacen que la sociedad se sitúe al borde de la disolución y que, en cualquier caso, el contrato no llegue a firmarse.²⁵. No obstante, los tableristas guipuzcoanos reclaman que se ejecute para evitar la posibilidad de desabastecimiento, el cierre de las fábricas y el aumento del paro obrero. Aparecen artículos en la prensa de San Sebastián y Bilbao, movilizan a la Liga Guipuzcoana de Productores, se dirigen al gobernador civil de esa provincia, a la Inspección General de Colonias y, finalmente, a Alejandro Lerroux como presidente del Consejo de Ministros²⁶. Las disensiones en el abastecimiento de madera se transforman en un problema político en un momento marcado por la conflictividad laboral y social. La Inspección General de Colonias recibe de la Presidencia del Consejo de Ministros la orden de convocar una conferencia arbitral el 15 de abril de 1935 y en pocos días inicia esta sus trabajos con el objetivo de lograr un acuerdo para el suministro de ocume a la industria nacional.

6. La Conferencia Arbitral: ocume para el mercado nacional

La Conferencia Arbitral del Ocume son en realidad seis sesiones con objetivos propios que tienen lugar entre el 20 de abril y el 29 de junio de 1935. En ella participan, además de la Inspección General de Colonias, una representación a partes iguales de los industriales tableristas y de los concesionarios forestales de la colonia. Estos últimos delegan su representación en Alfonso Pérez Andújar (ALENA), León Izuzquiza (SOCOGUI) y Jesús Gangoiti (Izaguirre), mientras que para los primeros la Inspección General de Colonias establece la designación de representantes por zonas industriales: los tableristas vascos eligen a Ramón Elósegui (Olamia), los de Valencia a Francisco Tormo (Tormo S.A.) y los de Cataluña a Magín Vilardel (Vilardel S.A.).

Las dos primeras sesiones se suceden a lo largo de la mañana y la tarde del 20 de abril. En ellas se exponen, respectivamente, las dificultades de abastecimiento encontradas por los tableristas y se estudian las medidas que se pueden adoptar para asegurar el suministro de madera. Las tres siguientes (1, 7 y 8 de junio) se centran en el proyecto de Comisión Mixta Oficial del Ocume y la última (29 de junio) aborda aspectos prácticos del funcionamiento de la comisión: qué se propone y cómo regular el precio de la madera de ocume.

Si bien los integrantes de cada uno de los sectores no comparten intereses idénticos, sí que expresan opiniones relativamente homogéneas sobre los problemas asociados al desarrollo de su actividad. En el caso de los tableristas, el diagnóstico y la capacidad propositiva está liderada por los industriales valencianos a través de Francisco Tormo. La densidad del tejido productivo vinculado con la chapa y el tablero les proporciona a los industriales valencianos una intensidad expositiva y una capacidad propositiva de la que carecen los representantes de las otras dos zonas industriales. De hecho, la conferencia gravita en la práctica en torno al mercado valenciano hasta el punto de que se puede afirmar que el suministro de la industria nacional, más allá de situaciones puntuales en otros lugares, es en realidad el problema de abastecimiento de ocume al mercado valenciano. Por su parte, los concesionarios forestales presentan un perfil más homogéneo liderado por ALENA, pero que no impide una presencia coral, sobre todo cuando los contenidos de la conferencia se centran en cuestiones técnicas relativas, por ejemplo, al estudio de un sistema de regulación de precios del ocume.

6.1. El problema del suministro de ocume

Las sesiones del 20 de abril sirven para que cada interlocutor haga un retrato de la situación y fije su posición inicial; también para que se alcancen unos acuerdos básicos que orientan el desarrollo posterior de la conferencia. Si el objeto de esta es conseguir un compromiso para el suministro de ocume a los industriales nacionales, el debate que se produce en las dos sesiones de ese día y las propuestas que se enuncian exceden ese ámbito para adentrarse en cuestiones de política comercial, arancelaria y colonial. Los tableristas quieren levantar un escudo que proteja la producción nacional de tableros y que se los reconozca como parte interesada de la política colonial, mientras que los concesionarios buscan un acuerdo que no limite la venta de ocume en mercados remuneradores como el de Hamburgo²⁷. Por su parte, la Administración enuncia que su deber es atender los intereses de todos y buscar un equilibrio razonable entre la venta de ocume en el extranjero y el suministro de esta madera a los industriales nacionales.

Los tableristas señalan que los desabastecimientos han sido frecuentes y han provocado el cierre temporal de las fábricas. A su vez, indican que este desabastecimiento no es el resultado de la falta de ocume, sino de que el extraído en la colonia se ha dirigido al mercado de Hamburgo, especialmente el de mejor calidad, a pesar de que su destino preferente debe ser la metrópoli. Igualmente exponen que el ocume recibido es de baja calidad y con precios altos, lo que compromete la producción de tablero y la viabilidad de su negocio.

Las propuestas que hacen poseen un marcado carácter intervencionista y regulador. Creen necesaria la existencia de una junta reguladora que garantice el equivalente a un suministro mensual de 1.700 a 2.000 Tm de ocume; que se establezca un precio máximo para esta madera; que se reduzca el arancel que grava la importación de madera bruta para el desenrollo con el objeto de facilitar, de ser necesaria, su adquisición en el extranjero en momentos de carestía y, por último, que se ponga en funcionamiento un sistema de arbitraje en puerto que permita clasificar el ocume por calidades y resolver los litigios que sobre este aspecto se planteen durante su desembarque²⁸. Igualmente, piden entrar en el Consejo Colonial como parte del legítimo entramado de intereses que crea la existencia de la colonia y exigen que se les proporcione una concesión forestal²⁹.

Esta última petición la realizan los tableristas valencianos, si bien parece ser una idea manejada previamente por algunos industriales vascos³⁰. Sin duda, los valencianos son conscientes de la relación ventajosa que existe entre determinados concesionarios e industriales. Desde esta perspectiva, los tableristas entienden que participar en su extracción es la forma más segura de sortear a los productores de ocume y romper así el monopolio que según ellos ejercen en su distribución; es decir, convertirse en concesionarios y acceder directamente al ocume y a sus mejores calidades, sin depender por tanto del efecto que los vaivenes del mercado de Hamburgo provocan en su suministro³¹.

Los concesionarios señalan que su interés ha sido siempre facilitar ocume suficiente a la industria nacional, si bien reconocen la existencia puntual de cierto desabastecimiento. Este lo explican acudiendo a las dificultades encontradas en algún momento para el embarque y traslado de la madera desde la colonia a los puertos españoles y por la disolución prematura de TADEMA. De hecho, los concesionarios entienden que, si no se llega a firmar el contrato y a establecerse las salvaguardas para la operación que en él se contemplan, tampoco se les puede exigir a los productores de ocume cumplir con los compromisos de abastecimiento que en él aparecen. Al igual que los industriales, los concesionarios creen necesario regular el suministro de esa madera y la fórmula debe ser crear un organismo oficial que organice su distribución. La Inspección General recoge la propuesta de un organismo regulador y procede a darle forma con un borrador que presenta el 1 de junio. El texto suscita reacciones antagónicas: el apoyo de los tableristas y el rechazo frontal de los concesionarios forestales.

6.2. La propuesta de Comisión Mixta del Ocume

El organismo que se propone, Comisión Mixta del Ocume y demás Maderas Coloniales, posee un carácter totalizador. La idea es encomendarle un numeroso conjunto de cuestiones relacionadas con la economía forestal de la colonia: elaboración de propuestas para la mejora de la riqueza forestal; estudio de los problemas de la transformación de las maderas tropicales; conformación de estadísticas de producción y comercio; estudio de los mercados extranjeros; organización del sistema de arbitraje; y, por último, control del comercio del ocume, obligando a los concesionarios forestales a «efectuar sus ventas a España, y en su caso al Extranjero, por mediación de la Comisión Mixta, y a los consumidores a realizar sus compras mediante petición a dicho organismo»³². A su vez, la Comisión se debe encargar del establecimiento de un sistema trimestral de precios de la madera y se le asigna la capacidad de regulación del transporte marítimo para el correcto abastecimiento de ocume.

Todos estos aspectos, el control de las ventas y del transporte y la fijación de los precios son fuertemente rechazados por los concesionarios. En primer lugar, porque el borrador sugiere que se pueden llegar a limitar o impedir las ventas de ocume en el extranjero; en segundo, porque deducen que la composición de precios solo beneficia a los tableristas y su elaboración expone la estructura productiva y de costes de cada empresa a un escrutinio innecesario; en tercer lugar, porque regular el transporte implica la capacidad de dirigir los embarques; y, por último, porque, como enmienda general, juzgan que la intervención que dibuja el borrador no es la adecuada.

Los concesionarios entienden que cualquier regulación de precios debe ser equitativa; es decir, que facilite un descuento a los industriales cuando el ocume cotice alto en Hamburgo, pero que también bonifique a los concesionarios si la cotización internacional baja en exceso, de tal forma que se mantenga un precio medio asumible, en sus beneficios y cargas, por todos. La crítica a la intervención es profunda. La califican de asimétrica, al ejercerla en la práctica «elementos cuyos intereses están lógicamente en pugna con el mejoramiento y expansión de los de los madereros de Guinea» (los tableristas) y de injusta, ya que el concesionario «es un industrial tan español como los demás y que por lo tanto debe hallarse poseído de los mismos derechos para la protección del Estado»³³. Creen razonable que este proteja a la industria, pero no que lo haga perjudicando al productor. ALENA dibuja dos posibilidades. La primera consiste en intervenir el ciclo transformador y el comercializador del ocume con el objeto de «afrontar con todas sus consecuencias el problema para lograr una completa eficiencia industrial»³⁴. Esto implica «intervenir las fábricas, controlar sus procedimientos industriales, unificar sus ventas, fijar los precios del tablero, señalar los cupos a cada fábrica» y exigir a los productores «su aportación de maderas, fijando igualmente los precios, calidades, cantidades y cupos»³⁵. La segunda opción es más modesta y sencilla. El Estado puede «limitarse a la creación de un Organismo que asegure al fabricante su abastecimiento de madera y al productor el cobro de la misma»³⁶. Y, si es así, es innecesario el aparato burocrático que el borrador le proporciona a propuesta de la Comisión.

A la Inspección General de Colonias, los concesionarios le indican que no existe en la organización de la economía española ningún organismo semejante al que se propone. Aquella responde que no es cierto, y pone como ejemplo la Comisión Mixta del Corcho, creada por decreto en mayo de 1932 y con un reglamento que le reconoce funciones propositivas, consultivas y ejecutivas, si bien estas últimas son en realidad una sola: el cobro de un arbitrio sobre el corcho producido y el importado, que se destina, en un 50%, a la financiación de acciones de difusión del corcho y sus manufacturas y, en otro 50%, al mantenimiento de la propia Comisión. De hecho, el borrador de la Comisión Mixta del Ocume copia, cambiando las referencias al corcho por las del ocume y las maderas coloniales, el articulado del decreto de 1932, aunque se le añade todo aquello que en la práctica supone, como se ha indicado, el control de la comercialización del ocume producido en la colonia³⁷.

La amenaza que supone la limitación de su actividad hace que los concesionarios forestales expresen la posibilidad de retirarse de la Conferencia Arbitral y, por lo tanto, hacer imposible el acuerdo que la Administración busca. La Inspección General decide rebajar notablemente sus pretensiones y acomodarlas a aquellos aspectos en los que es consciente que el acercamiento entre industriales y productores de ocume es posible: existencia de una comisión mixta que actúe sobre el abastecimiento de la madera necesaria para la industria nacional y que ese abastecimiento se efectúe bajo un sistema de precios y con la supervisión en puerto de un servicio de arbitraje y pesado oficial³⁸.

6.3. El alcance del acuerdo final entre tableristas y coloniales

La última reunión, la del 29 de junio, incorpora el borrador de la orden de creación de la Comisión Mixta para que sea enviada a la firma del presidente del Consejo de Ministros y posteriormente publicada en la Gaceta de Madrid. En ella se recogen los enunciados de los acuerdos básicos, pero la concreción de alguno se deja para un momento posterior. Se prevé que el abastecimiento nacional de madera de ocume se realice exclusivamente a través de la Comisión Mixta; que exista un servicio de arbitraje y pesado de la madera en puerto; un régimen sancionador y un impuesto de 0,5 pts. por tonelada de ocume destinado al mantenimiento del sistema de árbitros y de la propia comisión³⁹; pero no se concreta en exceso cómo se elige a los representantes en la Comisión y menos aún cuál es el mecanismo para el establecimiento de los precios.

De hecho, ambos aspectos suscitan opiniones encontradas que no permiten la extensión del acuerdo logrado a otras cuestiones. El borrador establece que la Comisión Mixta esté presidida por el inspector general de Colonias e integrada por el secretario general de la Inspección, el ingeniero asesor de montes y el jefe del negociado comercial, que actúa como su secretario. A su vez, participan, con voz pero sin voto, tres representantes de los productores de ocume y tres de los fabricantes españoles de tablero contrachapado. No parece que haya problemas para que los concesionarios elijan a sus representantes, pero no ocurre lo mismo con los industriales. El que se proponga ese número sin duda está relacionado con los tres ámbitos productores de tablero contrachapado (Barcelona, Valencia y País Vasco), pero esos tres ámbitos también son el reflejo de realidades industriales e intereses comerciales notoriamente contrapuestos. Los tableristas valencianos exigen que ningún representante industrial esté directa o indirectamente relacionado con los concesionarios forestales en la colonia, lo cual excluye a las sociedades más capitalizadas, entre ellas la bilbaína La Aeronáutica, con un acuerdo con Izaguirre S.A., además de las valencianas MAVAO y Derivados del Ocume, aparentemente bajo la órbita de ALENA, mientras que los tableristas vascos solicitan que la asignación de representantes se haga en función de la capacidad productiva de tablero contrachapado de cada empresa, mermando de esta forma al tejido empresarial valenciano.

Con respecto al precio, el consenso se establece en torno a un principio: que el abastecimiento de ocume al mercado nacional sea a un precio más bajo que el de su cotización internacional. Pero el consenso esconde un doble problema. Por un lado, cuál es la fórmula exacta que regula el precio y, por otro, si se debe bonificar todo el abastecimiento o solo una parte de él. Las fórmulas que se proponen son variadas: un precio medio que cubra los costes de extracción de la madera más un 20% de beneficio industrial y una cierta variación en función de las oscilaciones de la cotización internacional del ocume; un precio que, aun siendo beneficioso para los tableristas, se establezca en función de la cotización en Hamburgo y de los precios de los fletes; un precio que solo bonifique una parte del ocume suministrado; y, por último, uno fijo, notablemente más bajo que el cotizado en Hamburgo e incluso que el que alcance en España. Las propuestas que se lanzan se explican recurriendo a las estrategias contrapuestas de concesionarios forestales y tableristas valencianos. Las que tienen en cuenta la cotización del ocume en Hamburgo y las que limitan el volumen de madera bonificada parten de los distintos concesionarios forestales presentes en la conferencia, mientras que las que no consideran la cotización internacional con el objeto de conseguir un precio de venta lo más bajo posible son aportadas por los tableristas valencianos.

6.4. El resurgimiento y redefinición de TADEMA

La Comisión Mixta del Ocume no llega a ver la luz. Antonio Nombela es cesado como inspector general de Colonias el 17 de julio de 1935, al igual que José Antonio de Castro, el secretario general de la Inspección⁴⁰. La negativa de ambos al uso fraudulento del presupuesto colonial para hacer efectivo el pago de una indemnización al naviero Antonio Tayá, propietario de la Compañía del África Occidental, por la rescisión en 1929 del contrato de transporte marítimo entre las colonias españolas del golfo de Guinea, precipita sus ceses y desata meses después lo que se conoce como la denuncia Nombela, un intenso debate parlamentario que provoca en febrero de 1936 la caída de la coalición de gobierno entre el Partido Radical de Lerroux y la CEDA de Gil Robles y deriva en la convocatoria de elecciones⁴¹.

Paradójicamente, el desarrollo de la Conferencia Arbitral propicia el resurgimiento del proyecto de TADEMA. La documentación es opaca en este sentido, pero se puede especular con la posibilidad de que la confrontación de opiniones que se produce a lo largo de su desarrollo alimente el convencimiento final de la oportunidad que supone el acercamiento entre forestales y tableristas o que la definitiva constitución de TADEMA se plantee en algún momento como una sociedad útil para el desarrollo de los trabajos de la futura Comisión Mixta del Ocume. En las actas de la Conferencia Arbitral no aparece ninguna referencia explícita o no a la conveniencia o necesidad de retomar la creación del consorcio empresarial de tableristas, pero es evidente, dado que se constituye finalmente el 17 de junio de 1935, que este proceso corre a partir de un determinado punto paralelo al de la propia conferencia con el conocimiento, obviamente, de algunos de los representantes de los concesionarios, de los tableristas y también de la Administración. De hecho, los impulsores de TADEMA perfilan su alcance y personalidad con el concurso de la Inspección General de Colonias. Esta recibe la propuesta de estatutos y reglamento administrativo y corrige alguno de sus contenidos, sobre todo lo relativo a la naturaleza jurídica de TADEMA. Si sus promotores creen necesaria la intervención de la Inspección General, quizá pensando en la función de árbitro que pueda desempeñar en caso de conflicto, aquella no la considera oportuna, ya que TADEMA no debe nacer como un organismo oficial, sino como una sociedad mercantil de carácter privado.

La sociedad se constituye finalmente, como se ha indicado, el 17 de junio de 1935. Lo hace con un capital inicial de dos millones de pesetas y el objetivo principal de comprar ocume en trozas, distribuirlo entre los fabricantes asociados y vender unificadamente el tablero contrachapado manufacturado por cada uno de ellos. No obstante, la TADEMA que se constituye en junio de 1935 es distinta a la que se concibe y fracasa unos meses antes. Si en la inicial participan catorce tableristas que entablan una relación comercial con siete concesionarios forestales, en la que ve la luz en 1935 el capital social de la sociedad se divide al 50% entre industriales y coloniales, si bien los primeros son La Aeronáutica, Manuel Acha, Olamia y las empresas que arriendan las instalaciones de MAVAO, con un total de siete fábricas distribuidas por el País Vasco, Barcelona y Valencia, y los segundos se reducen a la única presencia de ALENA, que suscribe en su totalidad el 50% del capital restante de TADEMA (ALENA, 1936). Esta, en la memoria de actividades correspondiente a 1935 (leída en mayo de 1936) indica que no se han desatendido

«en ningún momento el aprovechamiento del mercado español, en condiciones ventajosas para los consumidores nacionales […] a fin de regularizar el suministro hemos celebrado con TADEMA un contrato por tres años, cuya ejecución permitirá atender holgadamente las necesidades de la industria española y facilitarle los medios de competir en los mercados extranjeros» (ALENA, 1936: 6).

7. Conclusiones

Las selvas de Guinea son vistas como un ingente reservorio de madera capaz de satisfacer gran parte de las necesidades forestales españolas. Sin embargo, la madera que se extrae durante los primeros años de su explotación colonial es casi exclusivamente ocume y en su mayor parte se dirige al mercado internacional. Esta paradoja no rebasaría el ámbito del discurso si no fuese por el hecho de que una parte de la industria española de la chapa y el tablero reclama para sí el uso de las maderas del Muni.

La recuperación en 1934 del mercado alemán revela con intensidad las tensiones entre extractores de ocume y tableristas, lo que permite perfilar con claridad las pautas regionales de la industria del tablero y las barreras productivas y organizativas con las que esta se desenvuelve. Si los forestales coloniales fían su negocio a la cotización remuneradora del ocume en los mercados internacionales, los industriales necesitan de un precio notablemente más bajo para poder mantener una actividad dirigida, salvo algún caso notable, al abastecimiento del mercado metropolitano. Las razones parecen estribar, por un lado, en la importante presencia de la pequeña empresa escasamente capitalizada y, por otro, en su significativa especialización en la fabricación de chapas para asientos y muebles de uso común, cuya competitividad es sensible al precio del ocume al estar marcada por el bajo coste del producto final. En cualquier caso, la Conferencia Arbitral pone de manifiesto que el ocume abastece a dos ámbitos productivos completamente diferenciados, a un tejido industrial más diverso que el hasta ahora enunciado. El carácter avanzado de algunas instalaciones como La Aeronáutica hace que la compleja personalidad y los distintos perfiles productivos y especializaciones regionales de la industria transformadora del ocume hayan quedado difuminados por su identificación completa con el paradigma de los usos emergentes de la madera en los primeros años del siglo xx, con la aparición del tablero contrachapado y con la inserción de algunas de sus elaboraciones en las nuevas manifestaciones de la modernidad. De hecho, no se puede entender la conflictividad institucional en torno al suministro de ocume y las diferentes lógicas que sobre él se despliegan sin tener en cuenta que a la relativa homogeneidad discursiva y de intereses de los forestales coloniales se le oponen los variados perfiles de los tableristas. Sobre estos últimos se impone la realidad de la industria de la chapa y el tablero de Valencia, el principal centro consumidor de ocume en España a mediados de la década de 1930. Es tan fuerte la identificación del suministro de madera con las necesidades de ese espacio transformador que se puede afirmar que, en realidad, el problema del abastecimiento de ocume al mercado nacional es en la práctica el del mercado valenciano, con independencia de que el conflicto que deriva en la convocatoria de la Conferencia Arbitral lo originen los industriales vascos.

Los concesionarios forestales son conscientes del vínculo utilitario entre colonia y metrópoli y que no pueden eludir un cierto compromiso con la industria nacional. Este lo intentan canalizar a través de la organización de los intereses industriales bajo la figura de algún tipo de consorcio y la celebración de convenios o contratos que permitan el suministro de madera con las suficientes garantías mercantiles. El fracaso inicial de esta fórmula determina la intervención de la administración colonial metropolitana y, con ella, la instauración de un principio que se mantiene inalterable en el tiempo: el entendimiento de que un problema que tenga que ver con la colonia se tiene que resolver, con independencia de quienes intervengan en él, dentro del recinto de la administración colonial. De hecho, el conflicto en torno al ocume, reelaborado dentro de la economía intervencionista y autárquica que impone el nuevo Estado que surge tras la Guerra Civil no se desactiva hasta bien entrada la década de 1950; y en todo este período son, en sentido amplio, las instituciones coloniales quienes lo modulan.

Esta dinámica no deja de ser llamativa. Si la colonia es un reservorio de madera ensalzado en la metrópoli y la Conferencia Arbitral del Ocume adquiere profundidad observándola como una manifestación más del variado repertorio de problemas que afectan a la economía de la madera en España en el primer tercio del siglo xx, es paradójica la escasa vinculación entre las instituciones coloniales y las forestales y de la madera en la inserción de los productos coloniales en la economía metropolitana.

La Conferencia Arbitral del Ocume aparece como un espacio cerrado en el que finalmente se impone el peso político de los concesionarios forestales y la relevancia de los productores de tablero. Se puede afirmar que el fin de la Conferencia no resuelve el problema del abastecimiento en el puerto de Valencia. Y no por el hecho de que la Comisión Mixta del Ocume no vea finalmente la luz, sino porque un aspecto trascendental, como es el precio de la madera, se pospone sin encauzar mínimamente los parámetros que deben fijarlo. Es más, la Conferencia Arbitral refuerza el papel de determinadas casas industriales y concesionarios coloniales. La TADEMA original, surgida dentro de los industriales del ocume, es sustituida finalmente por una reducida representación de estos, vinculados todos con la elaboración de tablero contrachapado y, de manera significativa, en la órbita de ALENA, quien se convierte en el único suministrador de la nueva sociedad.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco la labor realizada por los evaluadores anónimos de Historia Agraria, así como la de los editores, cuyas aportaciones han servido para enriquecer y mejorar este trabajo. Igualmente, agradezco la información transmitida por Julio Vives, que me sirvió para entender el desarrollo de la industria del mueble curvado en Valencia.

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↩︎ 1. Las tensiones por el ocume entre forestales coloniales y tableristas parecen ser exclusivamente españolas. La bibliografía consultada no deja entrever problemas semejantes en el mismo período de tiempo en el caso francés con los concesionarios forestales que operan en Gabón ( Balloux , 1961; Lasserre , 1955; Marotte , 1958). Lasserre  (1955) indica que, antes de la Segunda Guerra Mundial, el mercado francés absorbe el 40% del ocume extraído de Gabón, una cifra, según Balloux  (1961), cercana a la capacidad de producción de tablero en esos mismos años.

↩︎ 2. La Administración metropolitana se enfrenta también al problema del cacao. De manera semejante a la conferencia que constituye el centro de este trabajo, la Administración promueve en junio de 1935 la constitución de una Comisión Mixta del Cacao en la que participan productores coloniales de cacao, fabricantes metropolitanos de chocolate, representantes de la Inspección General de Colonias y de los ministerios de Industria y Comercio y de Trabajo y Sanidad.

↩︎ 3. Hace ya un tiempo, Dumett  (2001) señalaba las escasas referencias que, pese a su relevancia, existían sobre la extracción y comercialización comercial de maderas en las obras que se ocupaban de la historia económica del África occidental ( Hopkins , 2020). Esta ausencia se ha corregido en parte en los últimos años. Cabe mencionar, en el caso del golfo de Guinea, los trabajos de Garrier  (2006), Messi  (2014) y Tano  (2016). A ellos se pueden unir, para las colonias españolas los de Nerín  (2006), Guerra  y Pascual  (2015, 2017, 2022), y Pascual  y Guerra  (2017).

↩︎ 4. En el texto se utiliza indistintamente para referirse a la porción continental de la colonia los términos Guinea continental y Muni. En la literatura colonial, e incluso también en la administrativa, se convierten en sinónimos, a pesar de que inicialmente se refieren a territorios distintos, en el que el segundo (el estuario del Muni) está contenido en el primero.

↩︎ 5. Gaceta de Madrid , n.º 208, 27/07/1934 . El Sahara y el Ifni se adscriben temporalmente a la Secretaría Técnica de Marruecos en la presidencia del Consejo de Ministros, si bien poco más tarde pasan a depender del Alto Comisariado de España en Marruecos.

↩︎ 6. Gaceta de Madrid , n.º 208, 27/07/1934.

↩︎ 7. Gaceta de Madrid , n.º 242, 30/08/1934.

↩︎ 8. AGA, 81/6864.

↩︎ 9. La utilización del ocume en la industria europea se inicia en 1889 con madera que proviene del Congo francés. A partir de 1892 aparece en las estadísticas aduaneras de Gabón y se convierte en poco tiempo en la principal exportación de esta colonia, con una posición relevante en el mercado internacional de maderas coloniales ( Lasserre , 1955).

↩︎ 10. La evolución de la extracción de ocume en la colonia española es seguida en esos años con atención y relativa preocupación por la administración forestal colonial francesa ( Méniaud , 1938).

↩︎ 11. AGA 81/6864.

↩︎ 12. A esas instalaciones, el Anuario  suma veintidós almacenes de tablero contrachapado distribuidos por nueve ciudades españolas ( Anuario General de España , 1935). Los datos de la edición de 1935 de la Estadística Administrativa  hacen referencia a 1932. Como es bien sabido, la Estadística  no incluye información del País Vasco y Navarra al poseer un régimen fiscal propio. En el caso de la industria de la chapa y el tablero, esto supone no contabilizar, como mínimo, las instalaciones de Guipúzcoa y Vizcaya. Si bien se han consultado las ediciones de la Estadística  publicadas entre 1924 y 1935, no se han utilizado los datos que proporcionan para describir la evolución de la industria que hace uso de las cuchillas destinadas a chapear.  La ambigüedad técnica del término y la ausencia de una suficiente correlación entre los datos que aporta la Estadística  y los obtenidos por otras vías obligan a una labor de depuración y confrontación que escapa a los objetivos de este trabajo.

↩︎ 13. A diferencia de la documentación de la Conferencia, la Estadística Administrativa  reconoce algunos otros puntos en los que, aparentemente, se elabora chapa o tablero. Las ediciones que se publican entre 1923 y 1935 señalan la existencia de un pequeño número de cuchillas en Gerona, Guadalajara, Huesca, La Coruña, Santander y Segovia. El Anuario General de España  (1935) incorpora la existencia de una fábrica de mueble curvado en la localidad gerundense de Breda llamada La Hispano Sud Americana. Es razonable pensar que incorporase en su proceso productivo la obtención de chapa o el trabajo con ella y el uso, por tanto, de cuchillas para chapear. En cuanto al resto de los emplazamientos, la documentación no permite explorar su relación con el objeto de este artículo, si bien se puede especular con la posibilidad de que sea escasa.

↩︎ 14. AGA 81/6864.

↩︎ 15. Parece ser que los tableros de La Aeronáutica tenían una buena aceptación en el exterior. AGA, 81/6864.

↩︎ 16. AGA, 81/6864. Este rasgo no parece que sea exclusivo de la industria de la chapa y el tablero, sino que se hace extensivo en ese período a gran parte de la industria de primera transformación de la madera ( Zapata , 1998, 2001).

↩︎ 17. CDMH, Político Social-Documentación particular, caja 192, fondo Ramón Viguri; Político Social-Madrid, caja 588, exp. 78.

↩︎ 18. CDMH, Político Social-Documentación particular, caja 192, fondo Ramón Viguri.

↩︎ 19. CDMH, Político Social-Documentación particular, caja 192, fondo Ramón Viguri.

↩︎ 20. De hecho, en 1936 la fabricación de tablero contrachapado desaparece de entre las actividades de ALENA, las fábricas de Valencia y Barcelona son arrendadas y las acciones que posee en sus industrias del tablero se trasladan a compañías filiales (ALENA, 1936).

↩︎ 21. AGA, 81/6864.

↩︎ 22. AGA, 81/6864.

↩︎ 23. Las empresas son MAVAO, La Aeronáutica, Franco Tormo, Salvador Sancho, José María Barona, Alberto García, Olamia, Acha, Salvador Villarrasa, Industrias Zacarías, Gonzalo Felipe, Benlloch, José Nácher y Salgado. Los concesionarios son ALENA, Izaguirre, Aggor, Vasco Africana, PROHISCO, Jover & Graells y SOCOGUI.

↩︎ 24. AGA, 81/6864 . En el suministro de madera también intervienen almacenistas españoles y agentes internacionales en el comercio de maderas tropicales.

↩︎ 25. AGA, 81/6864.

↩︎ 26. AGA, 81/6864.

↩︎ 27. AGA, 81/6864.   La creación de un Consejo Colonial metropolitano forma parte del programa colonial que expone el texto legislativo que crea la Inspección General de Colonias en julio de 1934. En él están representados todos los intereses coloniales y tiene como función la de actuar como órgano consultivo del Gobierno.

↩︎ 28. No obstante, la política arancelaria durante estos años tiene un carácter selectivo y protector de la actividad industrial, de tal forma que el arancel sobre las materias primas forestales, entre ellas la madera no labrada, no es especialmente gravoso ( Iriarte , 2005). Fernando Nájera lo sitúa, en el caso de las maderas desenrollables, en torno a un 12% del valor de la mercancía. Por el contrario, la importación de tablero chapado soporta un arancel del 162%. AGA, 81/6864.

↩︎ 29. AGA, 81/6864.

↩︎ 30. ALENA insinúa a principios de 1935 que el clima de tensión introducido por los tableristas guipuzcoanos a finales de 1934 tiene como objetivo crear una opinión política favorable al otorgamiento directo de una concesión. AGA, 81/6864.

↩︎ 31. AGA, 81/6864. Para evitar cualquier tipo de suspicacia, los tableristas valencianos se comprometen a no participar con el ocume extraído de esa hipotética concesión en el atractivo mercado internacional de maderas tropicales. Por otro lado, es oportuno recalcar que el proceso de otorgamiento de nuevas concesiones estaba suspendido desde mediados de 1930 debido a las dificultades para encontrar braceros que atendiesen el trabajo en ellas ( Guerra & Pascual , 2015). Esto sin duda refuerza el papel que determinados forestales desempeñan en el suministro de ocume y dificulta la construcción de una oferta de maderas más concurrente.

↩︎ 32. AGA, 81/6864.   Los concesionarios proponen que, hasta la creación de dicho organismo, sea la Inspección General quien asuma las funciones que se le pretenden asignar. Los tableristas están de acuerdo en esta fórmula transitoria. La Inspección General acepta, pero señala que su función se limita a recoger y canalizar las peticiones de madera. Su funcionamiento temporal debe ser una muestra del nuevo entendimiento entre productores y consumidores de ocume que la conferencia inaugura. Sin embargo, no da ningún resultado. Los tableristas, como bien recalcan en sesiones posteriores de la conferencia, envían sus peticiones a la Inspección General; esta las pone en conocimiento de los concesionarios, pero la madera no llega a los puertos metropolitanos. La documentación de la conferencia no contiene, más allá de la constatación del hecho, referencias a las razones que hacen imposible en la práctica que ese sistema transitorio llegue a funcionar.

↩︎ 33. AGA, 81/6864.

↩︎ 34. AGA, 81/6864.

↩︎ 35. AGA, 81/6864.

↩︎ 36. AGA, 81/6864.

↩︎ 37. Una valoración del trabajo de la Comisión Mixta del Corcho y del contexto productor y transformador que la hace necesaria en 1932 se puede encontrar en Medir  (1953).

↩︎ 38. AGA, 81/6864. Cabe preguntarse por las razones que justifican el cambio de parecer de la Inspección General de Colonias. Es posible que se imponga en la Administración un cierto pragmatismo una vez que es consciente de los límites de su propuesta; pero también puede, aunque la documentación no recoge alusiones en este sentido, que se haga patente en algún momento el distinto peso político que poseen tableristas y concesionarios. No en vano, detrás de estos últimos se encuentran, por ejemplo, la alta burguesía bilbaína, el Banco de Cataluña, la Banca López Bru, el Banco de Crédito Local e importantes capitales financieros madrileños ( Pascual & Guerra , 2017).

↩︎ 39. Impuesto idéntico en su cantidad al establecido en la Comisión Mixta del Corcho.

↩︎ 40. Gaceta de Madrid, n.º 199, 18/07/1935.

↩︎ 41. Una descripción del asunto Tayá, de la denuncia de Nombela y de las implicaciones que tuvo en la política española y en la estabilidad de las instituciones republicanas puede encontrarse en Towson  (2000) y en Ndongo-Bidyogo  (2016).